Editorial

Ley Corta de Isapres: Difícil recta final

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A menos de una semana de que venza el plazo de la Corte Suprema para implementar el fallo por tabla de factores, la discusión sobre el futuro de las isapres se encuentra entrampada en la Comisión Mixta. Sólo ayer se conocieron las indicaciones del Gobierno a la Ley Corta, que si bien corrigen algunas materias menores, están lejos de permitir asegurar la sostenibilidad del sistema de salud.

Lo anterior resulta aún más crítico en un escenario en que recientemente el Superintendente presentó una nueva estimación de la supuesta deuda de las aseguradoras, en un monto cercano a tres veces el patrimonio de la industria, US$ 1.600 millones.

Tan importante como implementar el mandato de la Corte Suprema es brindar sostenibilidad al sistema de salud.

Los expertos han enfatizado que dicha estimación es errada, pues no considera lo que técnicamente habría implicado, a partir de abril de 2020, aplicar una tabla de factores única y más plana o solidaria (sin diferencias entre hombres y mujeres, y con un número inferior de tramos etarios) a toda la cartera de isapre, y no sólo al flujo (como se normó en ese momento). Por su parte, desde el punto de vista jurídico, se ha reiterado que el fallo no entrega una metodología específica, encargándosela, dada su complejidad técnica, a la Superintendencia.

La propuesta de estabilización del Ejecutivo traspasa, en primer lugar, el costo a los beneficiarios de isapre, puesto que los hace optar entre planes exponencialmente más caros, o adherir a una nueva modalidad en Fonasa que los expertos aún consideran de baja viabilidad y que, además, no entregaría (en igualdad de condiciones) una continuidad en sus actuales tratamientos y coberturas a los hoy cerca de 300 mil enfermos crónicos. Este mayor costo también recaería en todo el sistema sanitario, puesto que la caída del sistema isapre tendría efectos en la sostenibilidad de prestadores privados, médicos, trabajadores, beneficiarios de Fonasa y en las arcas fiscales.

La decisión de avanzar hacia un seguro estatal único en salud es una discusión que debe darse democráticamente, y no terminando con el sistema isapre a través de un fallo. Tan importante como implementar el mandato de la Corte Suprema es brindar sostenibilidad al sistema de salud, y en los pocos días que restan de discusión, el Gobierno debiese asegurar que cumple con ambos objetivos.

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